El tiempo de vida institucional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se está acercando a su final, dejando de paso un cúmulo de amargos resultados al país tras sus 50 años de existencia y 20 de un fracasado ejercicio gubernamental. A su medio siglo de andanzas fuera y en las entrañas del poder, las administraciones del PLD han establecido marcas históricas de corrupción y descalabro total del país.
El imperio de moralidad política y de gobernanza que el partido morado prometió construir en República Dominicana está en su etapa moribunda. La llamada casa de cristal desde donde los peledeistas siempre proclamaron con orgullo su envejecida consigna de “Servir al partido, para servir al pueblo” fue una farsa, porque al final usaron al pueblo para servirse de sus dineros y bienes y profundizar sus miserias. El partido que tuvo en Danilo Medina a la cabeza de sus dos últimos gestiones de gobierno está destrozado y metido en un callejón sin salida.
A su llegada al poder en 2020, el Gobierno del presidente Luis Abinader dejó el destino de la lucha contra la corrupción y la impunidad en manos de un Ministerio Público independiente, empezando desde entonces a escribirse otra historia. A partir de ese momento, decenas de colaboradores del pasado gobierno, desde la poderosa cúpula de mando escogida a tajos de navaja por Danilo Medina, hasta individuos en otras instancias que dieron forma a una red delictiva, han caído en manos de la justicia.
La dirección del PLD se está rompiendo ahora la cabeza porque no sabe cómo salir del embrollo en el que está metido. Sus dirigentes están destrozados por las demoledoras confesiones de protagonistas de los hechos imputados que han revelado cómo funcionaba la red, admitieron haber robado, han devuelto millones de pesos al Estado, han identificado a sus superiores y ahora colaboran con la investigación.
El golpe más arrollador lo recibieron tras las devastadoras delaciones del ingeniero Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), una ficha crucial que movía, bajo órdenes trazadas desde el Palacio Nacional, las jugadas del entramado corrupto.
Sólo mencionar la caída y procesamiento judicial de los otrora todopoderosos ministros peledeistas José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, este último, además, su candidato presidencial para las elecciones de 2020, indica el degradante papel jugado por los gobiernos de Danilo Medina al institucionalizar la corrupción a todos los niveles desde la sede presidencial.
Pero lo que más agravó la carga de pesares caída contra el partido liderado por Danilo Medina fueron las sucesivas delaciones de más de 14 imputados que se declararon culpables al entender de que todo había terminado y que su destino final sería la prisión. Estos devolvieron dinero y propiedades y aportaron valiosos detalles de las operaciones delictivas del grupo de poder que manejó todo el complot de robo contra el patrimonio público.
Entre todo esto salió la mención del propio presidente Medina, quien habría dado la orden, en plena reunión en el Palacio Nacional, de buscar dinero para financiar la campaña interna de su partido y las elecciones generales de 2020. Más de RD$ 19,000 millones es la inmensa fortuna que los autores de estos crímenes sustrajeron del erario mientras las desgracias económicas de los pobres aumentaban al revelarse que, para el último año de gobierno de Medina, 268,515 dominicanos cayeron en estado de pobreza general.
El impacto en la pobreza hubiera sido mayor si el Gobierno de Abinader no hubiese puesto en marcha los programas Quédate en Casa, FASE y Pa’ Ti, que fueron extendidos hasta diciembre de 2020. Estos programas, principalmente Quédate en Casa, mitigaron la caída de los ingresos a través de transferencias monetarias directas a los hogares más vulnerables, evitando que 594,745 personas cayeran bajo la línea de la pobreza monetaria general.
Pero nada de esto importaba al otrora poderoso grupo que gozó de la entera confianza del expresidente Medina, cuyo propósito único era sustraer más recursos por cualquier vía ilícita y enriquecerse a toda costa. Mientras el PLD observaba como más de su gente era agregada a la lista de enjuiciados por corrupción, salió desesperado a proclamar la inocencia de los imputados, denunciando persecución política.
Por esto, desató una campaña para denigrar al Ministerio Público, acusándole de servir a dictados políticos para hacerle daño y cuestionó su independencia, encontrándose con que son los propios autores de desfalco al Estado quienes le desmentían al confesar sus delitos. El PLD ya no solo cuestionaba el trabajo de los fiscales actuantes en el proceso, sino que tenía que enfrentar las delaciones de aquellos a quienes en principio consideraba víctimas de una supuesta persecución política.
Con la estrepitosa caída de su último argumento de persecución política para desviar el centro de la atención pública en el tema de la corrupción, reducir la ola de rechazo popular, sacar algún beneficio del proceso judicial en marcha y buscar una vía para limpiar su imagen, el PLD se enreda más en su propio laberinto.
La población sigue de cerca la evolución de los casos de corrupción contra los grupos que, valiéndose de sus categorías de peledeistas y fuerzas de gobierno, cargaron con buena parte del dinero del Estado, esperando que haya justicia y condenas ejemplares.